En justicia, la década para el olvido

Nota original de: El Universo

Si hay alguna función del Estado que ha trabajado mal desde hace mucho, sin duda es la Judicial. Basta ver las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH, para darse cuenta de la forma deplorable en que se ha manejado nuestra justicia. Mientras Perú (Barrios Altos o La Cantuta), Colombia (Masacre de Mapiripán o 19 Comerciantes), Brasil (Nogueira de Carvalho o Guerilha do Araguaia), Argentina (Baigorria y Garrido o Bulacio) recibían sanciones como Estado por los desafueros de su ejército, policía o grupos paramilitares de izquierdas o derechas, el Ecuador (Suárez Rosero, Tibi o Chaparro y Lapo) ha sufrido sentencias condenatorias por lo hecho por sus jueces. Nos cabe el dudoso honor de haber sido uno de los países que más ha impulsado el desarrollo de la jurisprudencia interamericana, pues nuestros administradores de justicia han cometido tal cantidad de errores, que varias de las condenas insignia, emitidas por el máximo órgano de protección de derechos humanos en la región, han tenido al Ecuador como destinatario.

Este fue el escenario que encontró la Revolución Ciudadana cuando llegó en 2007 y supo sacarle provecho. Primero nos vendió la idea de que la normativa obedecía a una visión ideológica, que criminalizaba a los menos afortunados, llegando incluso a amnistiar a más de dos mil personas, procesadas por narcotráfico menor. Obviamente esta medida no estuvo acompañada de otras estructurales, que eviten que estos escenarios de inequidad se repitan, y la política en materia de control del microtráfico actual es tan o más represiva que en los 80. En 2009 se decidió meter mano en la conformación del Consejo de la Judicatura, y en 2011 hacerlo con respaldo popular. En este ejercicio de democracia directa, el poder gubernamental se comió, nada más y nada menos que el carácter excepcional de la prisión preventiva, es decir, asumir como propia la propuesta punitivista que las derechas habían enarbolado hasta entonces.

Como puntos positivos deben señalarse la emisión del Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos, cuerpos normativos que, sin embargo, han tenido serios problemas en su implementación y que han precarizado el ejercicio profesional del derecho. Ahora fácilmente puede tomarle a un abogado dos horas el presentar un escrito o revisar un proceso. En el caso del COIP, la inclusión del capítulo sexto del libro primero, que contiene los tipos penales de subversión y terrorismo, ha permitido al poder aplicar dichas normas a defensores del agua, líderes indígenas, estudiantes o ecologistas antiminería. Todo esto con la diligente actuación de la Fiscalía en estos casos, mientras en aquellos en los que se encuentran involucrados los allegados al poder, actúa con velocidad de tortuga. Más de seis meses reposan las denuncias presentadas contra Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación, por la evidente utilización de un texto adulterado de la ley, para sancionar a diez radios en todo el país, sin que se inicie siquiera instrucción fiscal.

El punitivismo, como expresión de la violencia sacralizada e institucionalizada, no tiene ideología; se manifiesta en posiciones que supuestamente se encuentran en las antípodas. Esto es lo que hemos visto en los últimos 10 años, pues bajo el discurso de la “seguridad ciudadana”, tan del gusto de las derechas, se ha triplicado el número de presos en el Ecuador y lo mejor de todo, desde una posición supuestamente socialista. Hemos pasado de 9 mil presos a más de 27 mil, así de simple, así de grotesco. Mientras tanto el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un peón del ajedrez gubernamental. La actuación de los jueces no ha podido ser más vergonzante, buena muestra de lo cual es la sentencia de la jueza Karen Matamoros contra los comisionados anticorrupción. Concursos de risa para llenar las vacantes judiciales, control disciplinario que garantiza a los operadores judiciales que quien no se pliega a los designios del poder será destituido, total impunidad para los amigos y persecución ilimitada para los antagonistas. En fin, la generación de una estructura que garantiza a los allegados protección, incluso en casos de evidente saqueo de fondos públicos, mientras que los defectos de la administración de justicia por los cuales el Ecuador fue sancionado, lejos de solucionarse se han enraizado y el ius puniendi avanza desenfrenado en una sociedad con cada vez menos seguridad jurídica.

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