CAÑAR

Entre el 14 y 16 de agosto del 2015, comuneros miembros de la Unión Provincial de Comunas Campesinas del Cañar (UPCCC) se sumaron al levantamiento nacional indígena. Cerraron la vía que comunica a la provincia del Azuay y Cañar.

Aproximadamente 250 policías y militares reprimieron las manifestaciones en Cañar. 13 indígenas fueron detenidos y, posteriormente, procesados por el delito de paralización de servicio público, el mismo que se encuentra tipificado en el artículo 346 del COIP. Este delito sanciona con 1 y hasta 3 años de prisión a quien impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público.

  • 6 de los 13 detenidos, permanecieron presos durante doce días y salieron de prisión tras el pago de una caución de 3.500 dólares por cada uno. Es decir, en total 21 mil dólares.
  • Los 13 fueron llevados a juicio, 6 de los cuales fueron sobreseídos por falta de pruebas y 7 sentenciados.
  • Entre los detenidos estuvieron una persona discapacitada y una mujer embarazada.
  • El Coronel de Policía Renán Velasco Bucheli presentó acusación por paralización de servicios públicos, contra 9 personas.
  • Dos de los sentenciados fueron condenados a un año de prisión y multa de tres salarios básicos del trabajador (más de mil dólares). Monto al que se suman el pago 3500 dólares a cada uno por reparación a la Policía Nacional.
  • A los otros cinco sentenciados se les impuso una pena de 3 meses y 10 días de prisión y multa de 1464 dólares por cada uno.

Los 7 sentenciados en Cañar se acogieron a la suspensión condicional de la pena que contemplaba las siguientes medidas:

a) prohibición de salida del país;

b) trabajos comunitarios consistentes en labores de apoyo en varias empresas públicas durante ocho horas semanales (a pesar que sus labores económicas y productivas son en el campo);

c) presentarse ante la autoridad competente el primer lunes de cada mes, durante un año para 2 personas y durante 6 meses para cinco personas más;

d) no ser reincidente.

Por lo que tuvieron que cumplir trabajo comunitario en empresas públicas, ocho horas semanales o un día de trabajo, además de presentarse el primer lunes de cada mes, durante seis meses y un año.

Del caso de Cañar, llama sobretodo la atención las altas sumas de dinero que los procesados tuvieron que pagar. Primero como fianza, y posteriormente como multas y por reparación, sumas de dinero que resultan altísimas para una economía campesina y familiar:

  • 6 personas pagaron por fianza: 21 mil dólares (3500 dólares cada uno);
  • 2 personas sentenciadas al pago de: 1050 dólares (3 salarios básicos) + 3500 por reparación a la Policía;
  • 5 personas sentenciadas al pago de: 1464 dólares por cada uno.

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