Colectivos de derechos humanos muestran su preocupación tras el Examen Periódico Universal

Noticia original de: El comercio

Las organizaciones de derechos humanos de Ecuador presionarán para que el Gobierno cumpla con las recomendaciones que se realizaron en el último Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos de la ONU. La mañana de este lunes 8 de mayo, ocho colectivos se reunieron para indicar su postura y las acciones que van a realizar.

La principal es la vigilancia para el cumplimiento de las recomendaciones. Para ello emprenderán acciones desde la sociedad civil para concienciar sobre la importancia de su implementación. Ivone Yánez, de Acción Ecológica, puso como ejemplo la iniciativa Amnistía Primero, que impulsa la Conaie. Esto busca la extinción de procesos judiciales en contra de líderes que, las organizaciones sociales, consideran perseguidos políticos.

Elsie Monge, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), señaló que buscarán apertura en el próximo gobierno de Lenín Moreno, para que se puedan hacer cambios en las políticas sobre los derechos humanos. Indicó que entre las observaciones que realizaron 47 países a Ecuador hay unas relacionadas a la vulneración de las libertades de asociación y de expresión.

La representante de la Cedhu específicamente se refirió a los Decretos 16 y 739 que norman el accionar de organizaciones civiles y que han sido utilizados para sancionar a colectivos por supuestas faltas a la normativa. Ivone Yánez mencionó que el nuevo Gobierno debería archivar la Ley de Participación Ciudadana, que actualmente está en la Asamblea esperando ser tramitada, y que podría recoger los controles de ambos decretos.

En un comunicado oficial, la Cancillería de Ecuador indicó que recibieron 181 recomendaciones de los países en el EPU, de ellas, 158 fueron aceptadas, “porque están ya implementadas o en proceso de implementación, es decir, un 87%”, reza el documento.

Incluso la Representante Permanente de Ecuador ante la ONU en Ginebra y allegada al presidente electo, María Fernanda Espinosa, señaló que el país ha recibido “algunas recomendaciones sobre ciertos aspectos normativos o políticas públicas que no existen o no corresponde a la realidad ecuatoriana”.

Ante esto, Monge respondió que es necesario salir “del escritorio” para tener otro tipo de lectura. “La realidad la estamos palpando nosotros, las organizaciones…”, sostuvo.

Esperan que en el próximo Gobierno haya reformas al Código Integral Penal y a otras normas que consideran atentatorias a los derechos humanos. También que se acoja la recomendación para que haya una consulta previa libre informada y se acepte una asesoría técnica sobre derechos humanos que podría ser dirigida por Naciones Unidas.

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